Sitio Académico de Miguel Garcés - Articulo de Economía Informal

LA ECONOMIA INFORMAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA,

SINTOMA DE UN MODELO DE DESARROLLO EN CRISIS:

Artículo publicado una parte en la Revista Interacción de CEDAL Bogotá:
http://interaccion.cedal.org.co/documentacion.htm?x=20161011&cmd[126]=c-1-'50'
 

Por: Miguel E. Garcés Prettel

Pedagogo, Magíster  en Comunicación

 

RESUMEN

El presente artículo analiza el fenómeno de la economía informal urbana y los criterios que la mueven a posicionarse como una de las prácticas frecuentes de supervivencia a las que recurren muchos ciudadanos y ciudadanas colombianas en especialmente los habitantes del departamento de Córdoba para coexistir en medio de un entorno sociopolítico y económico que no le garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas. El autor afirma en una de sus tesis, de que el reinado de la informalidad surge también como una nueva cultura de supervivencia, ante la crisis de la institucionalidad y de lo legitimo, es decir que cuando las personas no encuentran en la legalidad lo que necesitan para vivir, acuden a la ilegalidad como el único mecanismo para subsistir en medio de una legislación que en vez de servir para proteger, actúa para perseguir, aplicando una especie de justicia selectiva y parcializada, que no brinda otras opciones de vida para que el ciudadano sobreviva dentro de lo políticamente correcto. El crecimiento de la economía informal puede desacelerarse si las instituciones y la legislación recuperan esa visión social de protección, prevención y búsqueda del bienestar del ciudadano, implementando políticas sociales a largo plazo consignadas en modelos de desarrollos eficientes que logren recuperar la dimensión social y ética en la economía, y por supuesto recuperando la vocación agrícola desde los procesos productivos aprovechando la fertilidad de las tierras del Sinú.

ABSTRACT

This article attempts to analyze  the urban informal economy and the criterion that have led it to become  one of the most  frequent surviving practices that colombian citizens and specially people from Córdoba, use to coexist in a social-politic and economic environment with no guarantees for the satisfaction of their basic needs. The author also states in one of his thesis that this informality's reign also emerges as a new surviving culture, facing the crisis of institutional and legitimate levels of the societies. That is to say that, when people do not find what they need to live into the legal institutions, they look for the illegal ones as the only mechanism to subsist in such legislation which does not care for people's protection but for their persecution. Besides, this system uses a sort of selective and partial justice, that does not offer another surviving option for people to subsist within fairly political conditions. The rise of informal economy may be decelerated if institutions and legislation levels recovers their vision which used to claim for people's protection, prevention and seek for the well-being of citizens, while implementing long-term social policies stated in efficient development models, which attempt to retrieve the social and ethical dimensions of economy and also the agricultural vocation coming from productive processes by taking advantage of the richness and fertility of Sinú' lands.  

Palabras Claves: economía informal, exclusión, ilegalidad, elite, desarrollo, empleo, desempleo, redistribución, equidad, justicia, ciudadano.

 

Key Words: informal economy, exclusion, illegality, elite, development, employment, unemployment, redistribution, equity, justice, citizen.

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El termino Economía (oikonomia) surge en el mundo griego para referirse a la capacidad, arte o habilidad para administrar (nomos-nemein) la casa de todos (oikos). La economía desde antaño, centró su razón de ser en el manejo de los recursos que disponía el grupo familiar, para lograr su supervivencia y su bienestar. Más adelante el término tomó fuerza y trascendió del plano familiar al plano social, insertándose en la dinámica de vida de la Polis, que es esa ciudad o mundo social integrado por los Oikos (hogares) por medio de un proceso de unión (synokismo), a partir de intereses y necesidades colectivas. Aristóteles es uno de los que asocia el sentido de la palabra con el deber ser que tiene el Estado, País o Gobiernos de administrar sus recursos, sean bienes, ingresos o egresos, para satisfacer las necesidades de sus integrantes.

 

Sin embargo, la Economía de hoy parece ser que ha reorientado su objeto de principal de estudio ya no apuntando a la esencia misma de la vida en comunidad y de la búsqueda del bienestar colectivo, sino mas bien tratando de entender como el ser humano puede sobrevivir y administrar su mundo teniendo en cuenta esa dialéctica frustrante permeada por la inequidad y la  injusticia, en donde los recursos son cada vez mas escasos para el amplio sector de la población y las necesidades por satisfacer se tornan cada vez más infinitas. En esta realidad socio-histórica compleja surge la economía informal producto de una visión de desarrollo descontextualizada y asocial que han incrementado cada vez más la brecha entre ricos y pobres y que se fortalece por los nuevos roles de los Estados que poco a poco han dejado de asumir su función de mayordomía de lo público y ha delegado sus compromisos al sector privado, asumiendo un papel cada vez mas pasivo y bajo una faceta de arbitro parcializado pitando ante el partido desigual de una economía de mercado en donde los grandes sectores, aplastan los pequeños grupos económicos que no pueden fortalecerse ante la ausencia de políticas públicas que los defienda y los consolide para competir.

 

En este escenario de desigualdad y de crisis socioeconómica y política, surge a principios de los setenta el concepto de economía informal expuesto por Keith Hart como parte de sus investigaciones sobre desempleo urbano en África. Hart (1971) traza una línea de separación entre el trabajo formal que lo relaciona con el empleo asalariado y el trabajo informal que lo asocia con los empleos por iniciativa propia. De esta manera, la economía informal se potencia en algunos países, tanto por la presencia de un modelo de Estado que no dispone a largo plazo de un modelo de desarrollo y de crecimiento económico sustentable y sostenible que ponga en primer lugar su vocación social, como también por la “perspectiva extendida de la crisis de los mercados laborales, persistencia del desempleo como problema laboral y surgimiento del autoempleo, o empleos precarios como estrategia de subsistencia, y por una perspectiva de la evasión del marco regulatorio o legal” (Portes, 2000, citado por Guerra, 2006, p.6), que potencia la aparición de una cultura de la ilegalidad debido a la crisis de institucionalidad que por lógica afecta tributaria y comercialmente al sector económico que está en la legalidad. Dicho fenómeno se acrecienta por la ausencia de otras alternativas favorables de vida, que motive al ciudadano a vivir en la legalidad, adoptando a una nueva visión positiva de la norma jurídica, que puede llegar a respetar en la medida que le exige deberes, pero también le garantiza sus derechos, brindándoles nuevas posibilidades de vida y de mejoramiento de su condición económica.

 

Diversos autores han abordado el tema de la Economía Informal, entre ellos vale la pena mencionar las Tesis sobre economía informal formuladas por el Programa para el Empleo en América latina y el Caribe que “ligó el surgimiento del sector informal a la dinámica demográfica que estaba afectando a las zonas urbanas y que  indujo un aumento desmedido de la mano de obra disponible en los mercados de trabajo y que excedía su capacidad de absorción, lo cual incrementó el desempleo y obligó a muchos trabajadores migrantes a buscar alguna forma de trabajar y sobrevivir” (PREALC, 1987, citado por Cervantes  &  Gutiérrez, 2007, p.26).  Otro análisis destacable es el de Guerra (2006), que la miran como el conjunto agregado y complejo de transacciones y operaciones de naturaleza lucrativa, de relaciones socioculturales, laborales, familiares y productivas, y estrategias de subsistencia material, que se realizan y reproducen al margen de la esfera normativa y regulatoria del Estado, y que coexiste y complementa a aquella serie de relaciones socio-económicas que si se encuentran incluidas o deciden insertarse en dicho ámbito o esfera normativa. Estas dos concepciones serán claves para entender el desarrollo de la siguiente reflexión.

 

Para el caso del departamento de Córdoba, la presencia de la economía informal fue tomando fuerza en las tres últimas décadas con el recrudecimiento del conflicto armado, que generó migraciones forzadas de campesinos hacia zonas cercanas y municipios principales, donde no hay posibilidades laborales y políticas públicas claramente definidas para estas humildes personas que depende de la tierra para producir y sostener a sus familias.

 

Montería, capital del departamento de Córdoba siguió atrayendo dos clases de inmigrantes pobres, la de los forzados que son obligados a salir por el conflicto armado o la situación completa de abandono del campo en todos los sentidos, debido a la ausencia de políticas y programas para la población rural y a la orfandad que han quedado después de las calamidades naturales como las inundaciones y las avalanchas de los ríos; la otra inmigración es la de los voluntarios son los que deciden por su cuenta y riesgo salir de sus pueblos con la intención de mejorar sus condiciones de vida, algunos cuenta con apoyo familiar, otros no tienen nada y salen a sobrevivir de cualquier manera, aunque sea del rebusque, en cualquier barrio popular o asentamiento subnormal de la ciudad (Negrete, 2003, citado por Garcés, 2009, p.19).

 

Las estadísticas de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado CODHES (2007, citado por Salazar, 2008) revelan que en Colombia se estima que hay unos 4 millones de desplazados, de esta cifra, según la Gobernación de Córdoba en su boletín de prensa de Febrero del año anterior, 80.000 se encuentran viviendo en el departamento, “por lo general, en condiciones infrahumanas hacinadas en zonas subnormales en donde la insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y la falta de oportunidades empeora sus condiciones de vida” (Rojano  &  Terán, 2005, p. 20). En consecuencia estas familias, al igual que otras pobres de esas regiones donde llegan, buscan ganarse por la vía del subempleo algunos ingresos por medio del “rebusque”, la venta ambulante y demás oficios varios para suplir sus necesidades inmediatas.  

                                                                            

 

1. LA CRISIS DEL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO-CENTRISTA

 

El siglo XX trajo consigo otras variables sociales que generaron un gran impacto en las dinámicas económicas de distribución y producción de la riqueza, a partir de los desastres y consecuencias sociales, políticas y culturales que generaron la Primera y la Segunda Guerra mundial. Estos conflictos mundiales y lo que producía en el tejido social posibilitó en cierta medida el surgimiento de movimientos sociales y organizaciones mundiales en la década de los 60 y los 70 que en diversos escenarios y debates cuestionaron las tradicionales perspectivas del desarrollo que tenía un énfasis operativo centrado en el crecimiento económico, proponiendo así, la necesidad de adoptar una nueva visión del desarrollo que debería ocuparse en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Después de la II Guerra Mundial, y tras un período prolongado de aparente prosperidad económica, la persistencia de situaciones de pobreza y el aumento de las desigualdades comenzaron a poner en cuestión los planteamientos que identificaban el crecimiento económico con el desarrollo. La práctica según Streeten (1986) desmentía la falsa creencia de que los frutos del crecimiento se extenderían por sí solos a todos los estratos sociales, lo cual tiempo después, redefinió las concepciones de desarrollo, enfocándolo hacia el desafío de trabajar para que las personas sin distingo de raza, clase o religión puedan suplir sus necesidades básicas.

 

Estudiosos como Hunt (1989, citado por Gutiérrez 2005), creen que esta nueva tendencia macroeconómica se movió en diferentes ángulos, a partir de por lo menos dos posturas: La primera, que es la más radical, que entendió que era necesario replantearse en el concepto de desarrollo, la forma en que se mide, y el modelo económico imperante, tomando como guía el cumplimiento de las necesidades básicas que éste no es capaz de satisfacer. La segunda visión, por su parte, que no cuestionaba el modelo de desarrollo, sino que, aceptándolo, entiende necesario intensificar las políticas sociales y de disminución de la pobreza.

Gutiérrez (2005) plantea que como reflejo de esas preocupaciones, el Banco Mundial, en colaboración con el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, publicó en 1974 el trabajo Redistribución con Crecimiento, en el que se proponía hacer llegar parte del crecimiento económico al 40% más pobre de la población, tratando de superar la contraposición normalmente asumida entre redistribución y crecimiento. Gutiérrez, reconoce el gran aporte que la organización internacional del trabajo (OIT) hizo para impulsar y promover esa nueva visión del desarrollo que ponía a lo económico no como el fin absoluto, sino como un medio que debían propender por el bienestar de la humanidad a partir de una adecuada distribución de la riqueza, estableciendo como plazo el año 2000 para que se lograra un adecuado cumplimiento de las metas sociales fijadas.

De esa necesidad de poner un nuevo énfasis en la nociones de economía, crecimiento y desarrollo surgen precisamente en el 2000 la Declaración del Milenio de la cual Colombia, junto con otros 188 países trazaron ocho objetivos de desarrollo comunes a largo plazo para ser cumplidos en el 2015, en aras de contribuir a la reducción de la pobreza extrema hasta en un 50% antes del 2015. Algunos especialistas en el tema consideran que hasta la fecha los logros no han sido significativos de tal manera que miran con escepticismo que la meta se cumpla, es más se piensa que no superara ni siquiera el 20% de las expectativas, pues en ninguno de los objetivos se contempla la necesidad de globalizar una política económica y de desarrollo que toque los problemas de fondo, que estriban en la distribución inequitativa de la riqueza y de la tierra, el control de los bienes y servicios que han hecho de la salud y la educación un negocio y la ausencia de una política laboral que ofrezca oportunidades de empleo, seguridad alimentaría y de vivienda, para que la mayoría de las personas se nutran sanamente y tengan un lugar digno donde vivir. Por su parte, Sanpedro (2005) asegura que expertos de organismos internacionales han denunciado que estos objetivos del milenio no logran incluir todos los espacios y dimensiones sobre los que el desarrollo tiene un impacto, excluyendo temas neurálgicos como los derechos humanos, la situación de los países en conflicto, post conflicto, o los estados frágiles, además se les ha cuestionado por estar dirigidos por los donantes y por tener un enfoque de “arriba-abajo” que excluye los conocimientos locales y los procesos participativos.

 

Haciendo un balance años después, se puede apreciar que la situación mundial no puede ser peor, el informe de desarrollo humano de 2005 del Programa para las Naciones Unidas (PNUD) ha revelado que el 40% de la población mundial vive en extrema pobreza con menos de 1 dólar/día; la esperanza de vida en África Subsahariana es de 31 años y cada año siguen muriendo 10,7 millones de niños y niñas por causa de la pobreza. Sánchez (2005) complementa esta cifra mostrando que los problemas de pobreza aumenta precisamente por el problema de la injusticia y la distribución de la riqueza, de tal manera que los 500 individuos más ricos del mundo tienen más riqueza que los 416 millones de personas más pobres. Pero también el problema se agiganta por la guerra y la vanidad, él mismo Oscar Sánchez especialista en desarrollo humano del PNUD Colombia afirma que el mundo gasta 800 mil millones de dólares al año en armas y los europeos 8 mil millones de dólares al año en perfumes, mientras se necesitan 7 mil millones al año para proveer agua potable a 2600 millones de personas que no la tienen. En Colombia, las cifras de pobreza acrecentada por el distribución inequitativa de la riqueza y el conflicto armado, superan el 49.2%, lo que lo hace ser el undécimo país más desigual del mundo con un Coeficiente de Gini de 57,6.  En donde el 20% más rico de los colombianos consume el 62% de los bienes y servicios y el 20% más pobre consume el 3%. Sólo son más desiguales que Colombia: Namibia, Lesotho, Sierra Leona, República Centroafricana, Swazilandia, Guatemala, Brasil, Paraguay y Sudáfrica entre 124 países considerados. 

 

Toda esta realidad expuesta desnuda el estado actual en que se encuentra la mayoría de los países en “vía de desarrollo” afectados por una realidad de pobreza crítica, debido al crecimiento histórico de una praxis económica cada vez más desigual y menos pública (por cuanto no responde a un ideal de bienestar colectivo), subordinada a una lógica de mercado excluyente que no es nada nuevo, y que se empeora porque las instituciones y figuras políticas creadas para defender y cuidar lo publico, entre ellas los Estados, poco a poco han ido cambiando su rol de protector, servidor y administrador de los bienes y recursos públicos, a una figura asocial y estructural que plantean una dinámica de vida regulada por el surgimiento de una economía privada y de libre competencia a favor de las elites dominantes.

 

2. LAS PARADOJAS DEL DESARROLLO

 

El departamento de Córdoba es una muestra de ese panorama nacional e internacional oscuro de la economía, que se hace evidente cada vez que se observa en los titulares de las noticias que informan de que en Colombia “la Economía del PIB creció 7.52% en el 2007, siendo la cifra más alta de los últimos 30 años” (Espectador, 2008), y luego al tratar de conectar ese éxito con la realidad de Córdoba y la de otros departamentos como Chocó y Sucre  que ocupan los primeros lugares en Pobreza y Analfabetismo, la primera pregunta que se puede venir a la mente es ¿a quienes están beneficiando específicamente ese crecimiento, y porque no se ve reflejado de manera general en la calidad de vida de los habitantes de todos los departamentos, en especial en los más atropellados por esta lógica económica nefasta?. Es una paradoja lamentable, que el crecimiento del PIB sea directamente proporcional al crecimiento de la pobreza en la amplia mayoría de la población, que para el caso Córdoba según los informes se habla que “de 1.396.764 habitantes en Córdoba según lo reportó el Departamento nacional de Estadística, DANE, en el último Censo, hay 1.108.324 (79%) de pobres según los Sisbenes Municipales, especialmente en los niveles 1 y 2, donde la mayoría es de la zona rural” (Agenda y Red Ciudadana, 2008), ¿A que se debe esta contradicción irracional? ¿Será que la dinámica económica del país, será capaz algún día de poner en amistad la macroeconomía con el bienestar de la población, que hasta ahora se ven irreconciliables?

 

Autores como González (2006), del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, ha cuestionado en múltiples ocasiones los informes de crecimiento económico del país por cuanto son inequitativos y no sostenibles. En una de sus publicaciones fue contundente al afirmar que:

 

 No hay razón, para que el gobierno presente los resultados como un triunfo contundente de la política económica. Los hechos no dan pie para ser optimistas, porque los logros obtenidos dependen mas de las condiciones externas, que de las medidas tomadas por la política económica interna, otras naciones aprovecharon mejor que nosotros las ventajas derivadas del incremento de la demanda mundial. La inequidad nacional esta lejos de resolverse y la pobreza no se reducirá sustancialmente, mientras al crecimiento económico no se lo acompañe con medidas efectivas de redistribución del ingreso… La elevada concentración de la propiedad en la tierra rural, 2.428 propietarios públicos y privados poseen 44 millones de hectáreas, la mayor parte de ellas dedicadas a una ineficiente y extensiva actividad ganadera que poco aporta a la riqueza nacional. La también importante concentración de la tierra urbanizable en las ciudades, donde 36.019 propietarios poseen en promedio 5 hectáreas, mientras el país tiene un déficit de 2.5 millones de viviendas y los programas de Vivienda de Interés Social apenas llegan a las 37.000 unidades por año, el crédito hipotecario se redujo y los subsidios más importantes van a los estratos altos mediante las cuentas AFC. La  concentración  accionaria  es  más  dramática  y  está  lejos  de  fomentar  la  democracia económica, allí el 0.2% de los accionistas tiene el 80% del capital bursátil. Esta concentración requiere de medidas audaces de reparto, para lo cual es indispensable obtener consensos y decisiones políticas hacia la paz con justicia nacional (González, 2006, p.3). 

                                                                          

Este panorama es clave conocerlo, para así tener mayores criterios para analizar los factores sociales que inciden en el surgimiento de la Economía Informal y los criterios que la mueven a posicionarse como una de las practicas de vida a las que apela muchas personas en el mundo, entre ellos una amplia mayoría de Cordobeses que luchan por sobrevivir careciendo de vivienda, alimentación, educación, salud y empleo. Por estas razones la informalidad seguirá creciendo no solo en el departamento, sino en toda Colombia y en toda América Latina. En un artículo del McKinsey Quarterly, Reigning in Brazil´s Informal Economy (citado por Andrade, 2007), se estima que la economía informal representa 39% de la economía en Brasil y Colombia, 30% en México, 23% en India, 20% en Chile y 13% en China.

 

El crecimiento de la economía informal, que según el informe del DANE en el 2006, alcanza el 58,5% en las principales 13 ciudades del país, se acrecienta no solo por esa ineficacia de la ley, sino también por la ausencia de políticas sociales y de modelos de desarrollo eficientes que abran escenarios en donde se invierta en la gente, brindándole opciones de empleo y posibilidades para superarse. Aquí no solo hay que mirar a la población adulta sino también, a la población juvenil que no encuentran espacios de vida alternativos para aprovechar su tiempo libre en actividades productivas que le representen una entrada económica que ayude a cubrir sus necesidades personales y familiares. Esta fue una de las tantas preocupaciones que tuvieron los lideres comunitarios de Córdoba, en su Tercer Encuentro, realizado el pasado 9 de febrero de 2008 en las instalaciones de la Universidad del Sinú en Montería, capital del Departamento de Córdoba, para analizar la realidad social y económica de la región, frente a esto, se planteó la necesidad de exigir al gobierno local que desarrollen medidas para reducir el desempleo, especialmente en jóvenes y adultos, ofreciendo capacitación laboral de calidad (estudios técnicos y tecnológicos) con base en las demandas del mercado. Se propuso la creación de una política pública de empleo bien trazada y definida, donde el sector educativo y empresarial público y privado contribuyan de la mano de las administraciones de gobierno, para minimizar esta problemática social y evitar así que los semáforos sigan siendo los mayores empleadores en el departamento, previniendo además, que estos jóvenes y adultos no sigan siendo reclutados por grupos armados al margen de la ley que visitan barrios, corregimientos y veredas en busca de desempleados deseosos de obtener ganancias económicas rápidas para poder subsistir.  

 

No obstante, en medio de toda este urdimbre de problemáticas sociales que hay en el país y de la cual Córdoba es ha afectado fuertemente, el crecimiento de la economía informal muchas veces ha sido en algunas regiones sobre todo en las más pobres, un desacelerador social que ha prevenido la aparición de otros problemas graves asociados al hambre y al desempleo, que pueden terminar detonando una guerra civil en la lucha por el centavo para acceder a los requerimientos básicos de subsistencia. En este sentido, la economía informal tiene dos caras de la moneda, por un lado, devela la creatividad y la capacidad de resistencia que tienen las comunidades vulnerables frente a un sistema que los margina y que los aniquila social y políticamente cerrándole las posibilidades de salir de la miseria económica; y por otro, desnuda la ineficacia de los modelos económicos imperantes y de un sistema político incompetente para resolver los problemas de fondo que aquejan a la mayoría de la población, y que usan las estadísticas de crecimiento para mostrar una economía ficticia que en el fondo solo camufla su vergüenza e ineficacia.

 

3. LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL CONFLICTO ARMADO

 

Sin duda alguna, no va ser posible que el departamento de Córdoba logre mejores niveles de desarrollo, a menos que se le brinda espacios a la gente para que surjan, como también, sino se hacen cambios radicales en el modelo económico y en el modelo de producción que la ha sometido a la pobreza en que se encuentra. No se equivoca Amartya Sen, premio Nobel en Ciencias Económicas de 1998, al considerar el desarrollo como “la capacidad de la gente de ampliar sus posibilidades de vida, pero esta no es posible si el ciudadano no se mueve dentro de un marco de libertad y de ayuda social por parte de los sistemas creados para ejercer la tarea de proteger al ciudadano y brindarles niveles de oportunidades (Reyes, 2001). Y esto sin duda, presupone tener en cuenta mucho de los puntos mencionados anteriormente por el director del CID, en donde el tema de la tierra es crucial como también el nuevo referente de producción al que quiere apostarle el departamento. Está más que demostrado que al departamento el conflicto armado y los desplazamientos que se han generado han hecho que el campo esté cada vez más subutilizado y envuelto en una economía ganadera que poco aporta a la riqueza nacional y local. Es por eso, que González al observar la ineficiencia del sector pecuario, que con 37 millones de hectárea, produce menos que la agricultura con 4 millones de hectáreas, propone al país que retorne a la producción agrícola y critica la alta concentración de la propiedad que encarece los alimentos y margina poblaciones enteras.

 

Para nadie es desconocido que en Córdoba un pequeño grupo de terratenientes son los dueños de la mayor parte de las tierras del departamento, y “que pescaron en ríos revueltos” aprovechando la violencia política, para quedarse con la tierra rural de muchos campesinos que ahora están en las capitales viviendo como mendigos y sin saber como subsistir en ciudades que no están preparada para recibirlos, gobernadas en ocasiones, por personas que hacen poco para facilitar la restitución y el ofrecimiento de conocimientos y herramientas para lograr una readaptación sociourbana menos traumáticas. Al respecto Negrete (2007) mencionó que:

 

En lo que hoy es el departamento de Córdoba son innumerables los casos de hacendados, políticos, comerciantes y funcionarios, entre otros, que se han valido de un gran número de maniobras para hacerse a tierras de campesinos, colonos y del mismo Estado. Fals Borda, por ejemplo, cita las siguientes: falsas cuentas, agregando ceros  a las deudas para aumentarlas, montando tiendas de compra y venta obligatoria con precios ventajosos en exceso, marcando ganado ajeno, robando escrituras, sobornando autoridades, emborrachando, jugando a los gallos y a las cartas, amenazando con la violencia y matando por tercera mano (Negrete, 2007, p.21).

 

Los informes del IGAC (2003) muestran que el conflicto armado en Córdoba acrecentó más la expansión terrateniente que viene desde finales de la década del 50 del siglo pasado, en donde el número de predios menores de 20 hectáreas representaban el 77.1% de los predios con el 15.7% de la superficie; el numero de predios de 20 a 100 hectáreas representan el 16.1% del total con el 33.3% de la superficie; y el número de predios mayores a 100 hectáreas representan el 4.9% del total con el 50.9% de la superficie. Esta cifras desnudan la alta concentración de la tierra en Córdoba (50.9%) en manos de unos pocos (4%) como un problema complejo que ha tenido protagonismo en la historia de violencia política y social del departamento. El investigador Víctor Negrete reafirma esto al considerar que:

 

La concentración de la tierra en pocas manos y su dedicación en altos porcentajes a la ganadería extensiva ha sido causa de conflicto y pobreza para miles de campesinos en el departamento de Córdoba. Esta actividad económica emplea poca mano de obra, no paga salario mínimo legal ni reconoce prestaciones sociales, declara avaluos ridículos, paga impuestos mínimos y ocupa suelos aptos para la agricultura. Además el conflicto armado, las calamidades naturales, las crisis periódicas del sector agropecuario, el abandono del campo y el sometimiento histórico de la población rural han contribuido a hacer difícil la situación que padecen los Cordobeses (Negrete, 2008, p.92).

 

Ese amplio grupo de personas excluidas y desarraigadas ven en la economía informal la salvación urgente y tangible a sus necesidades de subsistencia, se niegan hacer parte de esa lista de desocupados que alcanza a nivel nacional la cifra de 2.3 millones desempleados, y optan por entrar mejor a la lista de subempleo y precariedad, que según Gonzáles alcanza el 73.8%, evidenciándose así, la paradoja de que cuando en las industrias las tasas de producción crecen, el empleo disminuye. El crecimiento en el PIB no necesariamente genera más empleo y los excedentes siempre quedan en manos de los dueños de los activos.

 

Por otra parte, la Economía Informal aporta a ese gran currículo oculto de la economía en la que se alimenta el gran conglomerado de marginados de Córdoba y por supuesto de toda Colombia, es ese otro PIB con sabor a pueblo, con sabor a vida cotidiana, con sabor a creatividad, de la cual pocos quieren hablar e intervenir, pues sirve de cortina de humo para esconder el fracaso del modelo político-económico vigente y la ignorancia de muchos de sus gobernantes. Es la economía informal la lucha por la supervivencia, que detrás de la venta callejera de lotería, de banano, de bolsas de agua, jugos,  empanadas y demás actividades comerciales ambulantes que se ingenia la gente para obtener unos cuantos pesos, se ha evitado que muchas personas opten por el camino del delito. Por lo consiguiente, se necesita seguir trabajando por un mejor país y por un mejor departamento, convenciendo a los gobernantes que no trabajen solo con la cifras oficiales de desempleo, que hablan que para el caso de Córdoba “la tasa de desempleo se ubica en el 12.5% sobre una población activa de 636.000 personas” (DANE, 2008), cifra que es incompleta pues no tiene en cuenta las tasas de subempleo. La actual Administración de Gobierno Departamental planteó su Estrategia de Generación de Empleo 2008, teniendo en cuenta solo el porcentaje de desempleo oficial, más no las altas cifras de subempleo que es lo que hace que las estadísticas de desocupados se vean minúsculas. Esto quiere decir, que las cifras de economía informal se mantendrán o muy seguramente se duplicaran con el transcurrir de los años, pues poco o nada se está haciendo para brindarle a la gente otras alternativas económicas mejores, y muchos no tienen conciencia de que en parte “la economía gris o informal es un problema grave para la población, pues un gran porcentaje de ella queda por fuera de los planes de pensiones y salud por causa de la informalidad” (Andrade, 2007).

 

Lo único cierto de todo esto, es que la economía informal seguirá siendo un canal de catarsis social civilizada y preventiva ante una economía estructural excluyente que por si sola seria caldo de cultivo para que se fortaleciera esa guerra urbana, de la cual se mencionó anteriormente, y que poco a poco, se ha ido cocinando, haciendo de la calle el campo de batalla en la lucha por los ingresos, algunos peleando con las fuerzas del subempleo, otros dejándose seducir por los grupos al margen de la ley que mandan a sus combatientes a las comunidades vulnerables del departamento para dar testimonio de que es más lucrativo unirse a ellos que estar desempleado o trabajando en la informalidad.

 

Hubo el caso de una familia que alistó a cinco de sus hijos para que fueran a trabajar en estos grupos armados. Empeñaron algunas cosas de valor para comprar los pasajes pues les habían asegurado enviarles dinero en 30 días con el primer pago. Meses después empezaron a llegar de visita los primeros que habían salido. Unos con prepotencia y dinero en los bolsillos, comprando ropa, calzado, teléfonos, celulares, licor y organizando parrandas en sus casas. En medio de la euforia mostraban los billetes y gritaban ¡Aquí lo que hay es plata! ¡Allá se gana mucho billete mírenme a mí. Sin duda esto motivó a algunos que estaban indecisos a tomar la decisión. A finales del 2006 desapareció un grupo considerable de jóvenes entre ellos algunos pandilleros (Negrete, 2008,  p.78).

 

Negrete (2008) en sus investigaciones con comunidades marginales en Córdoba considera que según las apreciaciones de algunos líderes comunitarios: la falta de empleo, de dinero para gastar con las novias o ayudar a sus familias, de apoyo económico y de capacitación para el trabajo, de acompañamiento y asesoria a los planes y proyectos han sido y siguen siendo el “gancho” para reclutar jóvenes para una guerra que desconocen su origen y los propósitos que persigue.

 

 

4. CONCLUSIONES FINALES

 

A manera de conclusión, resulta relevante reconocer que para acabar integralmente con la pobreza necesitamos asistirla integralmente desde atacar idealistamente los males que la generan que van desde la desigualdad, la injusticia y la inequidad que producen exclusión y acumulación sectorizada de capital y bienes, hasta la implementación de modelos de desarrollo eficaces y eficientes que contribuyan a generar una nueva dinámica sociopolítica, en el que se asuma el gran reto de hacer ciudadanos e insértalos en la agenda progresista a los que viven en la periferia y en los cinturones de miseria, reconociéndolos como sujetos de derechos e interlocutores válidos para participar de la transformación de su entorno a partir de sus intereses y necesidades, y de esta manera con el apoyo del Estado, lograr que se diseñen y ejecuten programas en pro del bienestar colectivo de esta población subempleada y fuertemente afectada por el liberalismo económico. Esto requiere sin lugar a dudas, que los gobiernos replanteen la concepción de desarrollo imperante que viene de la economía clásica que acrecienta la economía informal, en donde desarrollo es crecimiento económico – urbanístico desde arriba, nada más; y de esta manera trabajen por construir un tejido social en donde lo humano, lo ético y la participación activa de los ciudadanos sean la base para construir regiones cada vez más inclusivas y con mejores condiciones de vida.

 

Por ello, vale la pena terminar citando varias propuestas que han surgido de académicos reconocidos y de organizaciones sociales y comunitarias, que buscan aportar en la reducción de los problemas que entraña la economía informal, éstas son dos ellas:

 

Andrade (2007) que asegura que la informalidad se concentra típicamente en el comercio, la agricultura, la construcción y los servicios en general. Por cierto, estos sectores son los que más empleo generan en el país. Si se disminuye el problema en estos sectores, con seguridad habrá una mejora significativa en la reducción de la informalidad. Un aspecto importante que menciona este autor, es la necesidad de facilitar la formalización. En la medida en que el pago de impuestos y contribuciones sea más sencillo, habrá mayor disposición a formalizarse. El esquema actual según él, es pesado y engorroso para un pequeño empresario o comerciante.

 

Garces & Negrete (2008) plantea que frente a la informalidad se necesita un Modelo de Desarrollo que haga de la ciudad un espacio más distributivo de su riqueza, donde el desarrollo propenda por un crecimiento económico extendido y equitativo en el que toda la población Cordobesa se vea beneficiado y no uno pocos como suele pasar; esto implica trabajar fuertemente por la recuperación de la vocación agrícola del departamento y por el fortalecimiento y creación de fuentes generadoras de empleo, como también de proyectos educativos de formación de lideres y de comunidades emprendedoras que dispongan de recursos disponibles para patrocinar las iniciativas que surjan. Esto requiere habilitar fondos especiales y capital semilla para que tanto jóvenes, adultos como personas de la tercera edad, no sigan viendo en el subempleo el único medio de subsistencia, dado de que algunas dinámicas sociales disfuncionales que se entretejen en el departamento incitan a entronizar la ilegalidad como alternativa de vida ya que por la legalidad no es posible esperar nada, pues las normas se han reducido para perseguir al ciudadano y no para velar por el cumplimiento de sus derechos, para encarcelar al infractor y no al sistema incompetente que lo genera.

 

Quiera Dios que estos cambios estructurales lleguen a darse pronto, para poder soñar con un departamento que se apropia de su historia, de su capital humano y de sus recursos en procura de generar bienestar para todos.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

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